En la gestión que pregona la transparencia, el Intendente Castro y su equipo ejecutivo han dejado sin respuesta 17 pedidos de informes presentados por el Concejo Deliberante. Desde cuestiones de seguridad hasta la gestión de recursos municipales, la falta de respuesta pone en entredicho la verdadera apertura y rendición de cuentas de este gobierno.
La transparencia institucional de la que tanto alarde ha hecho esta gestión deja mucho que desear. En el último año y en el corriente, solo por hacer un corte en el tiempo, este ejecutivo no ha respondido ningún pedido de informes del Concejo Deliberante.
Aclaremos algo, los concejales, aparte de ser legisladores locales, tienen el gran deber de ser agentes de control de los ejecutivos. Tienen la responsabilidad de fiscalizar la gestión; esto incluye la revisión de los presupuestos municipales, la fiscalización de las cuentas y la petición de informes para saber cómo se va desarrollando una política pública determinada, entre tantas cosas que exceden a esta entrada.
En cuanto a los pedidos de informes que a esta gestión compete, realmente ha sido un fiasco institucional, lejos esta de la transparencia de la que tanto se ha jactado la gestión del Intendente Castro. Tan burdo es que el mismo está incumpliendo una de sus funciones primordiales: responder los pedidos de informes solicitados por el cuerpo deliberativo. Llama la atención por qué el ejecutivo no respeta, en principio, la norma y, segundo, a los representantes directos de la comunidad.
La muestra de este oscurantismo institucional se refleja en que, de todos los pedidos de informes peticionados desde el año 2023 al corriente, ninguno ha sido respondido, truncando la labor fiscalizadora del Concejo Deliberante y también incumpliendo el Intendente Castro sus deberes como funcionario público. Aunque para ser equilibrados, el ejecutivo ha mejorado mucho en cuanto a la posibilidad de acceso de actos administrativos, la web institucional es impecable.
Pedidos de Informe de Juntos PRO:
En el año 2023, se solicitó información sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo. El pedido fue tratado en sesión y promulgado el 30 de junio del mismo año. Posteriormente, el 31 de agosto, se solicitaron informes sobre la licitación N°11/2022 y sobre las licitaciones N°13/2022 y N°14/2022. Ambos pedidos fueron tratados en sesión y promulgados el 6 de septiembre de 2023.
En el año 2022, también presentaron varios pedidos de informe. El 28 de abril, solicitaron información sobre la continuidad pedagógica de los estudiantes que se desvincularon del sistema educativo durante la pandemia. Este pedido fue promulgado el 3 de mayo de 2022. El 14 de julio, se solicitó un informe sobre el Fondo para Deportistas Amateurs (FODE), el cual fue promulgado el 19 de julio de 2022. El 28 de julio, se solicitó documentación sobre el rechazo de ofertas para la construcción de 12 viviendas en el Partido de Monte, y este pedido fue promulgado el 1 de agosto de 2022. Finalmente, el 4 de agosto, se solicitó información sobre la Comisión Evaluadora de Preadjudicaciones, y el pedido fue promulgado el 5 de agosto de 2022.
A la fecha, incumpliendo con sus deberes, ninguno de estos informes solicitados ha sido respondido.
Pedidos de Informes del Frente Renovador:
En el año 2024, presentó un pedido de informe ante los reiterados hechos de inseguridad, solicitando información sobre el funcionamiento del centro de monitoreo y las estrategias de prevención. Este pedido fue aprobado en la Sesión Ordinaria N° 2 el 14 de marzo de 2024.
En el año 2023, presentó varios pedidos de informe. El primero, relacionado con el programa Monte Educa, fue aprobado en la Sesión Ordinaria N° 6 el 11 de mayo de 2023. Otro pedido, sobre el uso y estado de las combis municipales, fue aprobado en la Sesión Ordinaria N° 14 el 14 de septiembre de 2023.
En el año 2022, solicitaron diversos pedidos de informe. El 10 de marzo, se aprobaron dos pedidos en la Sesión Ordinaria N° 2: uno sobre el uso y estado de las combis municipales y otro sobre el Fondo Educativo. El 31 de marzo, se aprobó en la Sesión Ordinaria N° 3 un pedido sobre el estado de la lancha de control de turismo. El 19 de mayo, en la Sesión Ordinaria N° 6, se aprobó un informe sobre el Centro Universitario Monte. Finalmente, el 14 de julio, en la Sesión Ordinaria N° 10, se aprobó un pedido de informe sobre el funcionamiento de las cámaras en la Ruta Provincial N° 215 y la Ruta Provincial N° 41.
A la fecha, el silencio ejecutivo no muestra negligencia sino un modo de proceder, no respondiendo absolutamente ningún informe.
Pedidos de Informes del Partido Justicialista:
El 20 de marzo del corriente año, solicitaron un pedido de informes sobre seguridad, pidiendo detalles de equipamiento y metodología de capacitación de personal. El 16 de abril solicitaron información sobre el estado y mantenimiento de todos los edificios educativos del partido. El 4 de abril se requirió información detallada de todo lo referido a la Escuela de Manejo. En el periodo del año 2023, la agenda informativa continuaba. Se hizo un pedido de informes el 18 de septiembre sobre la situación de las combis municipales. El 5 de septiembre se solicitó justificación por la poda indiscriminada que hubo en la localidad.
El 2 de junio realizaron un pedido de informes sobre el polígono de tiro en 5 Montes, denominado Campo Delta. También, el 17 de mayo solicitaron información sobre el programa Monte Educa.
En total, se han presentado 17 pedidos de informe, ninguno de los cuales ha sido respondido. Los números hablan por sí solos, lo que nos hace pensar lo siguiente: este gobierno que se hace decir transparente, o bien un gobierno abierto, queda lejos de toda conceptualización. No hay que confundir la transparencia o publicidad de algunos actos de gobierno con el derecho de acceso a la información pública. La publicidad es el deber mínimo de comunicar los actos de gobierno a la opinión pública, para que tengamos la posibilidad de tomar conocimiento de aquellos, su contenido, su gestación y concreción, y ejercer el control del poder que les compete. En cambio, el acceso a la información pública es más amplio; incluye información que tiene el estado y que, no por traducirse en actos administrativos, no tiene en principio la obligación de publicitarse. Nace, primero que nada, de los concejales por su labor de contralor, y luego de la ciudadanía. Esto supone la posibilidad de difundir esta información, reagrupar y producir conocimiento. La publicidad tiene su ancla en el sistema republicano; el acceso a la información pública tiene su raigambre en los principios del sistema democrático, que desafortunadamente están siendo bastardeados.
Para finalizar, creemos que, dado que este ejecutivo ha decidido no hacer caso a las peticiones del Concejo, sería una buena estrategia abrir el juego a toda la comunidad para que esta pueda solicitar información relevante al ejecutivo.
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